LA EXCLUSIÓN FINANCIERA AFECTA A MILES DE PERSONAS MIGRANTES Y REFUGIADAS EN EL ESTADO ESPAÑOL
• Ante esta grave problemática, las organizaciones reclaman al Gobierno y al Banco de España, medidas urgentes para que las entidades bancarias cumplan con la normativa y pongan fin a una práctica que dificulta la inclusión financiera y social de las personas en situación de mayor vulnerabilidad.
Las personas migrantes y solicitantes de asilo se enfrentan a innumerables trabas en el acceso y mantenimiento de una cuenta bancaria debido a las prácticas llevadas a cabo por las entidades bancarias que incumplen de manera reiterada la normativa actual. Así lo constatan las más de 300 incidencias recogidas por varias organizaciones sociales que, señalan, tan solo muestran una pequeña parte del iceberg, ya que la gran mayoría de las incidencias quedan sin registrar.
En el 80% de las incidencias recogidas se deniega la apertura de este tipo de cuentas por motivos contrarios a la legislación vigente (no reconocimiento de documentos de identidad válidos, como el resguardo de solicitud de protección internacional, documentación adicional que no está recogida en la normativa o cobro de altas comisiones, incluso en aquellas situaciones en las que se cumplen los requisitos para solicitar la gratuidad de este tipo de cuentas). De este modo, las trabas de las entidades bancarias vulneran el derecho de las personas en situación de mayor vulnerabilidad a la inclusión financiera.
“Me he dirigido a distintas entidades bancarias y se me ha denegado el acceso a una cuenta cuando les entregué un resguardo de solicitud de protección internacional. Y tampoco me han dado opción a hacer ninguna reclamación”. “Me piden movimientos de 600 euros y si no los tengo, me piden una comisión de 40 euros mensuales. Para mí eso es imposible”. “Si no abro una cuenta, yo no puedo recibir mi dinero”. Estas son algunas de las declaraciones de las personas que han querido aportar su testimonio para visibilizar esta realidad.
En el mes de junio de 2021, el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica (CEDRE) también alertaba de esta grave situación: “Ser titular de una cuenta bancaria es un derecho instrumental que permite contratar servicios básicos con entidades privadas y públicas, como el suministro eléctrico, de agua o gas, alquilar una vivienda, o percibir una prestación económica estatal o autonómica. Resulta prioritario por tanto garantizar este derecho para evitar la exclusión social y acabar con la discriminación indirecta que supone”.
Las entidades sociales llevamos casi dos años denunciado esta situación ante las propias entidades bancarias, el Banco de España, el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC), el Ministerio de Consumo y diferentes grupos parlamentarios. Desde la Defensoría del Pueblo, esperan contestación desde el mes de mayo de 2021 de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional a las consultas que desde esta institución han realizado.
Además, la Defensoría del Pueblo, mantiene abiertas actuaciones con el Banco de España tras recibir numerosas quejas de ciudadanos y ciudadanas extranjeras que aseguran que se les estaba denegando la apertura de cuentas bancarias.
Ante la falta de respuesta de los organismos competentes y la pasividad de las entidades financieras, las organizaciones sociales lanzamos una campaña de denuncia para exigir medidas urgentes y efectivas para que se cumpla con la normativa vigente, reforzando los mecanismos de control y supervisión con el fin de garantizar el acceso a las cuentas de pago básicas y evitar los casos de exclusión financiera que agravan las situaciones de vulnerabilidad social.
Promueven:
Adoratrices – Andalucía Acoge – Asociación Rumiñahui – Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) – Fundación CEPAIM. Acción integral con migrantes – Fundación APIP- ACAM – Movimiento por la Paz (MPDL) –ONG Rescate – Provivienda – Red Acoge – Red Interlavapiés – Refugees Welcome.
