#SanidadUniversal: Receta médica para
elaborar un programa electoral que no perjudique la salud
Ocho organizaciones
exigen a los partidos políticos que incluyan en los
programas electorales autonómicos el compromiso de adoptar leyes que blinden la sanidad universal
Amnistía Internacional, Asociación de
Juristas de la Salud, el Centro por los Derechos Económicos y Sociales, Médicos
del Mundo, Red Acoge, Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe en España, la Sociedad
Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SEMFYC) y la Sociedad Española
de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS), lanzan
una campaña en redes sociales en la que exigen a los partidos políticos que
incluyan en sus programas electorales, de cara a las elecciones autonómicas y
locales, un compromiso con la sanidad universal.
En concreto, las organizaciones piden que los
partidos incluyan medidas legislativas que garanticen el acceso a los servicios
de salud y tratamientos médicos para todas las personas, con independencia de
su situación administrativa y sin ningún tipo de discriminación. Estas medidas
contendrán los mecanismos que aseguren su efectivo cumplimiento, procedimientos
de información pública y de seguimiento de su eficacia.
Desde la entrada en vigor del Real Decreto
Ley (RDL) 16/2012, reforma que limitó el acceso a la atención sanitaria para
cientos de miles de personas, han sido numerosos los mecanismos de protección
de derechos humanos de Naciones Unidas y del Consejo de Europa que han exigido
a España reformar el RDL y garantizar el derecho a la salud sin discriminación.
El último mecanismo internacional que se ha pronunciado en esta línea, el
pasado mes de enero, ha sido el Examen Periódico Universal de Naciones Unidas,
donde nueve países han pedido a España que garantice la universalidad de este
derecho.
Los mecanismos de protección de derechos humanos
internacionales han recordado a España, que con la adopción del RDL, el
Gobierno ha vulnerado sus obligaciones en materia del derecho a la salud.
Igualmente han recordado que los derechos humanos no pueden ser ignorados por
las presiones fiscales y que la crisis económica no puede servir de pretexto
para una restricción en el acceso a la atención sanitaria, que afecta a la
esencia de ese derecho. Respecto a la especial situación de las mujeres,
recientemente, en diciembre de 2014, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre
discriminación contra las mujeres en la ley y en la práctica alertó del impacto
que el RDL podría tener en este colectivo, por ser la atención médica la
principal vía de detección de las mujeres víctimas de violencia.
Por todo ello, las organizaciones firmantes
aconsejan a los partidos políticos, un tratamiento y prescriben una receta que
consiste en:
- Adoptar
medidas legislativas que aseguren la sanidad universal, es decir el acceso
a los servicios de salud y tratamientos médicos para todas las personas,
sin ningún tipo de discriminación.
- Aplicar
las recomendaciones de organismos internacionales sobre salud universal,
(entre ellos, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
Relator Especial de Naciones Unidas sobre discriminación, Relatora
Especial sobre pobreza y derechos humanos, Examen Periódico Universal de
Naciones Unidas, y el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre
discriminación contra las mujeres en la ley y en la práctica, así como el
Comité de Derechos Sociales del Consejo de Europa).
Los partidos políticos tienen la oportunidad
de comprometerse a través de sus programas electorales a adoptar medidas
legislativas que blinden la sanidad universal de acuerdo a las recomendaciones
internacionales; y de demostrar que allí donde gobiernen o tengan capacidad de
decisión o de influencia, promoverán la igualdad en el acceso y disfrute del
derecho a la salud, e impedirán que se continúe violando este derecho en el
Estado español.
Información complementaria
Desde la entrada en vigor del RDL, en abril
de 2012, al menos 873.000 personas inmigrantes en situación administrativa
irregular se han quedado sin tarjeta sanitaria en España, perdiendo el derecho
a acceder a los servicios públicos de salud, a excepción de la atención de
urgencia, embarazo, parto y postparto, y a menores, solicitantes de asilo y
víctimas de trata (durante el periodo de restablecimiento y reflexión).
Personas con enfermedades crónicas excluidas del Sistema Nacional de Salud se
enfrentan al pago de convenios especiales.
En todo este tiempo, la diferente aplicación
del RDL por las Comunidades Autónomas y la disparidad de criterios a la hora de
poner en marcha la normativa por parte de los centros sanitarios ha convertido
el acceso a la atención sanitaria en un auténtico laberinto administrativo.
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